Diari Tarragona
Uno de los padres que presentaron demanda contra la Generalitat es Marina Gala Prieto, cuyas hijas estudian cuarto y quinto en la escuela La Salle de Tarragona
El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado a la Generalitat que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza con el objeto de que el castellano se utilice también como lengua vehicular o de aprendizaje en el sistema educativo junto con el catalán.
Así lo establece la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal en tres sentencias notificadas ayer en las que da la razón parcialmente a los padres de alumnos –de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO– de colegios de Catalunya, que recurrieron varias resoluciones de la Conselleria d’Educació, ahora anuladas. Una de las madres es de Tarragona. Se trata de Marina Gala Prieto, que presentó un recurso en nombre de sus hijas, estudiantes de Cuarto y Quinto curso de Enseñanza Primaria en La Salle de Tarragona.
En sus recursos, los padres sostenían que si el castellano es excluido como lengua de aprendizaje, no se estaría ante un modelo de bilingüismo integral o de conjunción lingüística, sino ante un modelo de «inmersión» monolingüe, en el que la presencia del castellano tendría la misma condición que una lengua extranjera y, por lo tanto, contrario a lo establecido por la Constitución.
Según ordena el TS, la Generalitat debe adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera al castellano, junto con el catalán, como lengua vehicular de la enseñanza en la comunidad.
Circulares en dos idiomas
El alto tribunal reconoce asimismo el derecho de los padres a recibir también en castellano todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación tanto oral como escrita que les sean dirigidas por los centros escolares. El TS establece que el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de Catalunya debe hacerse «en la proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana». Señala que el castellano no debe quedar reducido en su uso «al de objeto de estudio de una asignatura más» sino que debe hacerse efectiva su utilización como lengua docente y vehicular de la enseñanza.
Respecto a cuál debe ser la proporción en la que se incorpore el castellano al sistema de enseñanza, el Supremo dice que su puesta en práctica corresponde a la Generalitat. De esta forma, agrega, si el Govern considerara que el objetivo de la normalización lingüística estuviera ya conseguido, ambas lenguas cooficiales deberían serlo en igual proporción.
Si por el contrario, se estima la existencia de un déficit en ese proceso de normalización en detrimento de la lengua catalana –explica el TS– se debería otorgar a ésta un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable que, sin embargo, «no constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular». Ese trato de favor debería ser transitorio hasta que se obtenga el objetivo de normalización que constituye el bilingüismo integral del modelo constitucional.
Además de las sentencias que se refieren a la enseñanza de Primaria y Secundaria, una tercera establece el derecho de los niños en educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua pedida por los padres. El Supremo ordena que el modelo oficial de preinscripción en educación infantil pregunte por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en los centros sostenidos con fondos públicos.
Movilizaciones
Las movilizaciones no se han hecho esperar. La Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona (CUP) ha convocado a la ciudadanía a mobilizarse contra la sentencia del Supremo. Por eso, han convocado para esta tarde a las 20.00 horas una concentración en la Plaça de la Font. Una convocatoria que también se ha propagado de forma individual a través de las redes sociales y que ayer, a las 20.00horas ya se realizó en la Plaça Sant Jaume de Barcelona.
Por su parte, el sindicato UGT de Catalunya considera una muy mala noticia la orden del Tribunal Supremo. «Supone imponer la segregación en frente de la integración en el sistema educativo catalán». Varias entidades se expresaron ayer en esta línea.
